NOBLES SIN NOBLEZA
Es cierto que Los Reyes españoles solo han empleado la retirada o la supresión de títulos para casos extremos, donde la Corona había sido desafiada de forma directa o un aristócrata había cometido un delito grave.
No siempre fue fácil para los monarcas castigar a aquellos que se atrevían a desafiarles. Así, en la Edad Media y a principios de la Edad Moderna, la retirada de un título nobiliario suponía la enemistad de toda una familia contra el Rey, lo cual en el caso de las grandes ramas nobiliarias de Castilla y Aragón, emparentadas todas entre sí, implicaba perder demasiados aliados. y mas si cabe, en periodos de guerra, o en la misma reconquista, donde cada noble aportaba hombres y armas.
Como muestra de ello, Felipe II sostuvo dos graves pulsos con las familias más poderosas de Castilla, los Mendoza y los Alba, sin recurrir a esta medida que hubiera sido considerada excesiva y humillante. El Gran Duque de Alba fue desterrado de la Corte durante un año por ocultar al Monarca que su hijo Fadrique Álvarez de Toledo se había casado en secreto con su prima. Por su parte, la nieta del célebre Cardenal Mendoza, Ana de Mendoza de la Cerda, fue castigada por Felipe II por colaborar en las intrigas del secretario Antonio Pérez, pero los títulos nobiliarios siguieron dentro de la familia.
La revocación de títulos ha sido empleada como medida secundaria cuando el Rey ordenaba la confiscación de los bienes de algún aristócrata.
Un ejemplo claro lo tenemos en Alfonso XIII, que tomó la decisión de retirar directamente la dignidad de Infante a Luis Fernando de Orleans por su vida licenciosa. De lo anteriormente citado comprobamos lo que ocurrió En 1621, cuando el secretario Rodrigo Calderón fue ejecutado a comienzos del reinado de Felipe IV acusado de asesinato y brujería. Su muerte fue acompañada de la anulación de sus títulos de conde de la Oliva de Plasencia y de marqués de Siete Iglesias, ambos creados por Felipe III para recompensar a Rodrigo Calderón, la mano derecha del poderoso Duque de Lerma. Y aunque el condado de la Oliva de Plasencia, que existía como señorío varias generaciones atrás, fue rehabilitado por decreto de 20 de enero de 1623, el Marquesado de Siete Iglesias fue suprimido y por ello no pudo ser rehabilitado por los hijos de Calderón. Hubo que esperar a que se concediera de nuevo en 1918 a petición de Josefa Montero de Espinosa y Chaves para su hijo Antonio de Vargas-Zúñiga y Montero de Espinosa, descendiente directo del I marqués de Siete Iglesias.
La anulación de títulos nobiliarios, cuya competencia es exclusiva de los Reyes, representa un recurso poco frecuente en la Historia de España. Hasta comienzos de la Edad Moderna, la nobleza sustentaba el poder de los Reyes, que, si tenían que llegar al extremo de retirar títulos vinculados a familias aristocráticas desde hace siglos, era solo cuando formaba parte de una confiscación de bienes por delitos graves. Pero incluso entonces, las siguientes generaciones solían conservar estos si se daba el caso de que el Rey no los hhubiesesuprimido.
En los siglos XIX y principios del XX, se recuperó la medida a modo de severa.
En otra ocasión fue la amonestación contra el Infante Enrique de Borbón y Borbón-Dos Sicilias –el cual se identificó como republicano durante la Revolución francesa de 1848– y más tarde contra Alfonso de Orleans, por casarse sin el consentimiento real, y su hermano Luis Fernando de Orleans, «El Borbón maldito», a causa de su vida disoluta.
Otra forma posible de confiscar un título es la que, por ejemplo, se aplicó durante las represalias tomadas por la Corona española contra el IX duque de Medina Sidonia por su participación en un intento de separar Andalucía de la Monarquía hispánica a mediados del siglo XVII. Felipe IV respetó todos los títulos de los Medina Sidonia, salvo el Señorío de Sanlúcar, que revirtió a la Corona a modo de indemnización por los daños ocasionados.
Como citamos en el apartado “IN MEMORIAM”, Carlos II «El Hechizado», también ordenó la supresión de los títulos de uno de sus más fieles servidores: Fernando de Valenzuela. Desterrado a América acusado de corrupción, Valenzuela perdió el Marquesado de Villasierra en 1677, precisamente el mismo año en el que había sido creado, para no volver a ser desempolvado hasta 1919 durante el reinado de Alfonso XIII.
La dinastía de los Borbones también recurrió con mucha moderación a la retirada de títulos, siendo una medida implícita en la confiscación de bienes de las grandes figuras políticas, pero rara vez usada sin estar acompañada de otras sanciones. Uno de los casos más sonados en Cuando Napoleón invade España, el protagonista es, sin lugara dudas el Príncipe de la Paz, Manuel Godoy. Colmado de mereces y títulos por parte de Carlos IV y su esposa María Luisa de Parma, Godoy acompañó a los Reyes al exilio cuando Napoleón Bonaparte secuestró a la Familia Real en Francia y los acompaña más tarde a Roma, donde vivieron sin apuros económicos hasta sus últimos días. No en vano, el fallecimiento de éstos dejó vía libre para que Fernando VII confiscara los bienes de su archienemigo el Príncipe de la Paz. Le obligó a renunciar a los títulos de Príncipe de la Paz y Príncipe de Bassano, éste concedido por el Papa, e invalidó el testamento que la Reina hizo en su favor para compensar las enormes pérdidas que le llevarían a la miseria. Tras años de pleitos, dos decretos de 1844 y 1847 de Isabel II devolvieron sobre el papel a Godoy todos sus bienes, pero la tardanza en la ejecución de la sentencia hizo que, con la llegada de la Primera República (1873), el presidente Emilio Castelar declarara todas sus posesiones propiedad del estado español.
En el siglo XIX, destaca el curioso caso del Infante republicano, Enrique de Borbón y Borbón-Dos Sicilias –nieto de Carlos IV de España– al que le fueron revocados, en su caso, todos los títulos por su estrecha vinculación con grupos republicanos durante la Revolución francesa de 1848. A la vista de las terribles consecuencias de su actuación revolucionaria, Enrique solicitó el perdón de su prima para poder al menos volver a España. En sus cartas de arrepentimiento, el otrora Infante de España aseguró que él no había querido decir lo que los demás habían interpretado y mostró su mayor deseo de volver a la protección de su familia. Finalmente, le fue restituido el título de Duque de Sevilla, concedido a su nacimiento por Fernando VII, y fue reintegrado en la Armada, aunque fue solo con carácter de supernumerario y en calidad de excedente.
Pero quizás los antecedentes más directos respecto a lo sucedido con la retirada del Ducado de Palma a la Infanta Cristina, que, no obstante, sigue conservando sus derechos de sucesión, los encontramos durante el reinado de Alfonso XIII, quien exoneró del título de Infante a sus primos Alfonso y Luis Fernando de Orleans y Borbón. Por decreto de fecha 15 de julio de 1909 el Rey retiró a Don Alfonso la dignidad de Infante por haber contraído matrimonio, sin su consentimiento, con la Princesa Beatriz de Sajonia. Tres años más tarde, el leal Alfonso de Orleans, destinado a combatir en Marruecos, sería rehabilitado.
No ocurrió lo mismo con su hermano Luis Fernando de Orleans. El hijo menor de la Infanta Doña Eulalia jamás volvería a recuperar su condición de Infante de España de la que fue desposeído por real decreto de 9 de octubre de 1924. Alfonso XIII, harto de las depravadas correrías de Don Luis en Francia, tomó la decisión definitiva al conocer que un marinero había fallecido durante el transcurso de una de las habituales orgías homosexuales organizadas por el Infante, quien, invocando el privilegio de extraterritorialidad, incluso había intentado deshacerse del cadáver en la legación española. La respuesta de Luis Fernando a su primo el Rey cuando se enteró de su castigo retrata el carácter del conocido como «El Borbón maldito»: "Me retiras lo único que no puedes ordenar, pues nuestros títulos son inherentes a nuestras personas. He nacido y moriré Infante de España, como tú has nacido y morirás Rey de España, mucho tiempo después de que tus súbditos te den la patada en el culo que te mereces".
Caso aparte al de todos los anteriormente citados es la abolición general que sufrieron todos los títulos con la llegada de la II República. Los títulos nobiliarios fueron legalmente abolidos mediante la Constitución aprobada el 9 de diciembre de 1931. El artículo 25 dictó: "El Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios". Sin embargo, esta abolición finalizó de facto en 1939, si bien no se hizo efectiva hasta la promulgación de nuevas leyes franquistas en 1947.